Con dinero ajeno, hago lo que creo

A lo largo de la historia argentina hemos visto cómo distintos actores de la política civil y castrense –háblese políticos y militares- durante gobiernos democráticos o de facto, utilizaron recursos de la Previsión Social para fines diferentes a los propuestos: la jubilación de los agentes de la administración pública, gremial estatal o privada.

Previsión Social, término compuesto con significado autónomo y previsible. Previsión, preveer, estar atentos a alguna circunstancia o hecho en particular, que puede ser actual o futura. Social, inherente al ser humano y al conjunto organizado en diferentes estratos. Es decir, en materia de ahorro forzoso, es la denominada jubilación. Añorada por la masa de trabajadores que comienza a disfrutar de esos logros laborales durante la década que va del 46 al 55. Desprestigiada por la inmensa mayoría de los gobiernos.

Durante 1994 fuimos espectadores de las políticas neoliberales de Carlos Menem. Una sóla frase sirve para diagnosticar y expresar ideológica y económicamente el estatus que se vivía en ese momento: Domingo Felipe Cavallo. Ministro de Economía, hombre ligado a los bancos extranjeros, el libre comercio sin protección arancelaria por parte del Estado, apertura de la economía a las importaciones, destrucción de la industria local, venta de activos de las empresas estatales o en su defecto, concesión de los servicios con facilidades extraordinarias para su manejo.

Sin dudas, el hombre de los financistas internacionales, el hombre de Harvard, no incluía en sus planes a los jubilados estatales. Define una política marcada por Menem de entrega de los fondos estatales de previsión a las denominadas AFJP (Administradoras de Fondos de Pensión), dejando que el mercado indique las reglas y no el Estado como Autoridad de Aplicación de las políticas económicas.

Por cierto, los conservadores, la aristocracia y la oligarquía industrial y ganadera estaba de parabienes. Nadie de ellos salió a decir: se están confiscando los ahorros de los trabajadores. Hoy son los mismos, en especial los economistas que trabajan para esas empresas y hóldings de comunicación, encargados de “embarrar la cancha” cuando se quiere interrumpir un proceso y jugar sucio.

Sin duda alguna, este proceso va de la mano de una estrategia geopolítica y económica montada por los Estados Unidos de Norteamérica. También acompañan este proceso conceptos preparados para ser hoy utilizados tales como el narcoterrorismo, con el fin de desestabilizar y proponer un modelo de intromisión en las políticas y economías de los países de América Latina.

Un aparato montado para interrumpir las posibilidades de crecimiento de un Estado Argentino, simplemente porque sus empresas –las de EEUU y sus aliados- no obtienen las ganancias y espacios geoestratégicos que necesitan para dominar y empobrecer.

El anuncio: La SIPA

A simple vista, pareciera que la medida tomada por la presidente Cristina Fernández, fuese por dos vías: una por la vía de hacerse de una caja de más de 97 mil millones de pesos para utilizar cuando crea necesario –obras, pago de deuda, maniobras políticas, etc- y otra, ver que la crisis financiera mundial requería actuar antes de que lo hiciesen las aseguradoras. Hecho similar al ocurrido en 2001 cuando se llevó a cabo el corralito financiero por parte de los Bancos y el Estado nacional comandado por el ex presidente Fernando De la Rúa.

Sin embargo, la idea central de este "rescate" está basada en el aspecto solidario de la Previsión Social, una forma de dar seriedad, valor y confiabilidad a los aportes de los inscriptos en Afjp, que pasarán a formar parte de una manera compulsiva al Estado -Ansés-. El Estado dice que puede administrar esos fondos con eficacia y garantizar una jubilación digna para todos.

Lo demás, seguramente irá asomando a medida que avance el proyecto de Ley enviado al Congreso Nacional para ser tratado.

Datos económicos revelan que en el sistema privado de Previsión Social existen unos 9 millones y medio de inscriptos; con un aporte anual a las Administradoras de 15 mil millones; un stock de 97 mil millones y una pérdida por malas inversiones en los últimos meses de alrededor del 25 por ciento de la capitalización.

El regalito de Domingo Felipe, se convirtió en su propia contradicción. Sipa, el nuevo Sistema Previsional Argentino.

Sin embargo, hoy muy pocos creen que la política y los políticos estén rescatando los ahorros de millones de personas. Hoy muy pocos creen, más si tenemos en cuenta la situación política y social que vive la Argentina: recesión, falta de credibilidad y el avance de la derecha económica, cultural, comunicacional y política, ante un "supuesto" progresismo incapaz de resolver y dar soluciones para la mayoría.

Algunos datos: La Seguridad Social

Una mujer que empiece hoy su vida laboral y gane un sueldo de 900 pesos, cuando se retire cobrará 1125,6 pesos si aportó durante 30 años a una AFJP. Si lo hizo al Estado, su haber será de 2083 pesos (ver cuadro aparte). La tasa de sustitución, es decir, qué porcentaje representa esa jubilación de su último sueldo como trabajadora activa, será del 26,6 por ciento en el primer caso, y del 49,1 en el segundo. Como se ve, en ambos ejemplos queda muy lejos el 82 por ciento móvil que rigió durante largos años del siglo pasado. Pero, entre los dos sistemas, el estatal ofrece un mejor salario.

Lo mismo ocurre con el hombre. En el ejemplo, cobraría 1432,4 pesos de renta vitalicia en una AFJP (por 30 años de aportes al régimen privado) y 2096,3 en reparto (con 30 años de aportes al Estado). Las tasas de sustitución serían del 33,5 y 49,5 por ciento, respectivamente.

En el régimen de reparto, no hay discriminación entre hombres y mujeres: cobran de jubilación prácticamente el mismo porcentaje de su último sueldo como activos. Para seguir con el ejemplo, ellos se llevan el 49,5 por ciento de lo que venían ganando y ellas, el 49,1. En las AFJP, en cambio, las tasas de sustitución varían: la de los hombres es del 33,8 por ciento, sobre el 26,6 de las mujeres. La explicación se encuentra en dos hechos: ellas tienen la opción de jubilarse a los 60 años (contra los 65 de los hombres), por lo cual capitalizan durante menos tiempo, y disfrutan de una mayor expectativa de vida, lo que obliga a prorratear los fondos acumulados en su cuenta individual por una mayor cantidad de años. En reparto esto no ocurre. Para las mujeres, el diseño del sistema estatal les sienta mejor que el privado.