La presidenta Cristina Fernández presentó ayer el informe sobre la actuación administrativa establecida en la resolución 126 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación de fecha 31 de marzo de 2010, documentando los hechos ocurridos en torno a la transferencia accionaria a favor de Sociedad Anónima de La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino Grupo Clarín y La Razón Sociedad Anónima, del capital social de Papel Prensa Sociedad Anónima. Además anunció que el Gobierno presentará una denuncia judicial por la apropiación ilegal realizada por los socios privados de la compañía, y que remitirá al Congreso de la Nación proyectos de ley para declarar de interés público la producción de celulosa y papel, su distribución y comercialización. El informe revela graves irregularidades cometidas durante el gobierno militar por las cuales se realizó la transacción, como así también cuestiona la administración de la empresa por parte de los actuales socios privados, al tiempo que refuta terminantemente las versiones sobre la historia de la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima que publicaron los diarios Clarín y La Nación en sus ediciones de 27 de marzo y 4 de abril del corriente año.
Contiene además constancias documentales, expedientes administrativos, papeles comerciales, constancias de causas judiciales, registros de archivos y actuaciones de la dictadura consistentes en actas de las Juntas de Comandantes y de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, que insumen más de 26 mil fojas.
El
documento será remitido a los organismos correspondientes para la prosecución de trámites administrativos y judiciales a los que dé lugar, dado que contiene probanzas irrefutables de la apropiación ilegal de la empresa por parte de los actuales sectores controlantes del sector privado de la firma.
El informe da cuenta de que en el año 1977 se cometieron una variedad de delitos de lesa humanidad contra el denominado Grupo Graiver, cuya cabeza fuera el empresario David Graiver, fallecido en una en una catástrofe aérea el 7 de agosto de 1976. Y presenta tres ejes que tipifican el desempeño desleal de los accionistas del sector privado en Papel Prensa Sociedad Anónima:
- La apropiación de las acciones de clase A, decisivas para acceder al control de la empresa, por parte de los actuales socios privados de la empresa, con la utilización de instrumentos del terrorismo de Estado tales como amenazas, secuestros, desaparición forzosa de personas, tortura y privación ilegal de la libertad.
- La obtención de ventajas competitivas por parte de los socios privados de la empresa en detrimento de numerosos diarios de todo el país que pudieran constituir una competencia para sus empresas.
- La puesta en marcha de un "pacto de sindicalización" por el cual los socios privados acordaron acciones en beneficio de sus propias empresas y en detrimento de la propia compañía Papel Prensa Sociedad Anónima, violando la normativa vigente.
La Jefa de Estado remarcó que el informe se encargó debido a la sistemática negativa de los socios privados de Papel Prensa Sociedad Anónima de otorgar información, lo que llevó también a designar un administrador judicial que participa de las reuniones de directorio de la compañía para "llegar a la documentación".
Señaló que el diario Clarín publicó el pasado domingo una editorial en la que sostiene que "el gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa". "Esto demuestra que Clarín cree que quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa", observó la Mandataria, y al respecto, expresó: "Papel Prensa es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario, lo distribuye y lo comercializa, en lo que se conoce como una empresa monopólica controlada verticalmente".
Por eso, anunció que "enviará un proyecto de ley para declarar de interés público la producción de pasta celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización". "Ese proyecto encomendará al Ejecutivo para instruir un marco regulatorio de la actividad", explicó.
La iniciativa dispondrá el "tratamiento igualitario para toda la Argentina y precio, condiciones y calidad de papel, para que no deba importarse papel en la República Argentina".
Además, afirmó que el proyecto de ley "impulsará también la construcción de una Comisión Bicameral de Seguimiento" para que "cada uno de los legisladores, de los partidos políticos, opinen y voten como mejor les parezca" ese Marco Regulatorio.
"Queremos que miembros de esa Comisión participen también en las reuniones de Directorio de Papel Prensa para que realmente haya control" y "darle transparencia absoluta" a la iniciativa, expresó la Mandataria, quien además aclaró:
"El informe no es para controlar a nadie, sino simplemente para que dejen de controlar a todos los argentinos".
Para la Jefa de Estado, desde la cesión ilegal de las acciones de Papel Prensa se configuró en el país " un poder que está por sobre la Presidenta y también sobre el Legislativo y el Judicial". "Hay un poder, que es invisible a los ojos pero aflora. Hace décadas que los poderes del Estado tienen una subordinación hacia determinados intereses", sostuvo.
"Con estos expedientes se harán las presentaciones judiciales en los estrados que correspondan para juzgar estas acciones, porque creo en la división de poderes, y solamente los jueces de la Nación y la República pueden condenar. Y no es que yo no pueda hacerlo, es que tampoco quiero, porque creo en serio en la división de poderes", expresó la Mandataria. Y agregó: "Tengo la obligación de dar un encause a esta situación que lleva 33 años de manejo oscurantistas con prácticas desleales".
"Quiero un país diferente en serio, quiero una democracia sin tutelaje y sin que tengan temor los políticos a ver qué dice tal diario o tal otro de él", señaló.
En su presentación, la Jefa de Estado Agradeció la labor de la sindicatura, la Comisión Nacional de Valores, autoridades del Ministerio de Industria de la Nación, y funcionarios judiciales.
Acompañaron a la Jefa de Estado en el acto el diputado nacional y secretario general de Unasur, Néstor Kirchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner; el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el ministro de Economía, Amado Boudou; gobernadores provinciales, ministros, jefes de los Estados Mayores Conjuntos de las Fuerzas Armadas, empresarios, representantes de organismos de defensores de los derechos humanos, e invitados especiales.
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